¡No me hablen de dogmatismos!

Los dogmas siempre ideologizan el debate sobre la propiedad de los hidrocarburos, cuando el tema relevante es la discusión sobre la renta del recurso. Con actores públicos y/o privados, la apropiación de la renta determina los niveles de inversión para reponer reservas y descubrir nuevos yacimientos llevando adelante una explotación racional.

Desde la izquierda a la derecha apuntan contra el régimen de propiedad de los hidrocarburos; cuando, salvo en algunos estados del este de los Estados Unidos, en el resto del planeta rige el régimen regalista, por el cual los yacimientos pertenecen al dominio público. El principio del Derecho Romano, en virtud del cual el dueño del suelo o superficiario, es también dueño del subsuelo con hidrocarburos –vigente en el Estado de Texas, por ejemplo–, nunca llegó ni siquiera a discutirse en el contexto latinoamericano. Cuando el superficiario es dueño del subsuelo minero, puede explotar el yacimiento por sí, o negociar la explotación por otro, conforme a las facultades que le da la propiedad privada.

Latinoamérica hereda la tradición del Derecho Hispano, por el cual el dominio minero tiene entidad propia diferente al dominio del fundo en el que se encuentra. En la Argentina, el dueño de una propiedad, conforme al Código Civil, también es dueño del espacio suprayacente y del subsuelo; siempre que en el subsuelo no exista riqueza minera. Si hay petróleo y gas, la propiedad de esos recursos antes pertenecía al Estado Nacional (ley 17.319) y hoy pertenece a las provincias (Art. 124 de la Constitución Reformada). En Bolivia, detrás de tanta alharaca, lo único que se ha nacionalizado es entre un 2 y un 3 por ciento del paquete accionario de las empresas capitalizadas porque los yacimientos que explotan nunca dejaron de pertenecer al estado boliviano. Además, casi el 50 por ciento de las acciones de esas empresas ya pertenecían a los bolivianos (estaban dadas en custodia a fondos de pensión y con los dividendos se pagaba un bono a los jubilados), sólo que ahora su tenencia está es manos de la relanzada petrolera estatal YPFB.

Las empresas que hunden inversiones a sabiendas que los yacimientos descubiertos o a explotar no les pertenecen, y que incluso los pueden perder, no trabajan por una utilidad normal; se arriesgan para compartir renta con el estado dueño. La apropiación de renta, que surge de la diferencia entre los precios y los costos, es la que rige las alternativas de desarrollo de la riqueza hidrocarburífera. Se puede tener una empresa estatal que monopolice toda la actividad (Arabia, Kuwait, Iraq, Méjico); o una empresa pública que coexista con un régimen de concesiones privadas (Brasil, Canadá, Noruega) o de producción compartida con empresas privadas (Colombia, Venezuela, Ecuador, Rusia). Si no existe la empresa estatal (Estados Unidos), o la empresa estatal se privatizó (Argentina, Perú, Inglaterra), la propiedad estatal de los yacimientos tiene que convivir con un régimen de concesiones privadas para el desarrollo de la actividad, donde el Estado se apropia de parte de la renta mediante regalías e impuestos (ganancias, ingresos brutos, retenciones) y las empresas invierten para sostener la actividad y descubrir nuevas reservas. En este contexto Chile realiza una licitación de 10 bloques en la región de Magallanes con un régimen de regalías nunca antes visto en procesos latinoamericanos de las misma magnitud, yendo desde un 5% como mínimo en regalía para el estado hasta sólo el 35% calculado con factores que van desde productividad del pozo hasta el monto de inversión para dicho pozo.

El marco legal actual de los contratos de operación petrolera que tiene Chile viene del año 1978, y desde ese momento esta ley favorece la incorporación de privados a la exploración y explotación, considerando siempre un sistema de regalías donde el dueño del recurso es el estado y el operador es el productor. En esa ley nunca se contempló el fortalecimiento de ENAP como monopolio operador de los hidrocarburos en Chile, como si lo fue por muchos años, PETROBRAS e YPF, más bien facilitaba la incorporación de privador a la operación petrolera. Mirado desde otro punto de vista la reforma constitucional mas importante en los hidrocarburos chilenos se hizo hace 30 años.

Experiencias en otros países de la región son un buen indicador, La séptima subasta de licitaciones hecha en Brasil fue llevada a cabo por la Agencia Nacional de Petróleo, ANP, que ofreció 1.134 bloques con riesgo exploratorio en una área total de 397.000 kilómetros cuadrados en los cuatros cantos de Brasil. La participación aquí fue de 134 empresas de las cuales 24 eran extranjeras donde en promedio cada empresa se llevo 8 bloques. En Colombia el primer proceso competitivo del 2007 que hace poco atrajo 22 ofertas fue sobre 15 participantes. En Chile se ofrecieron 10 bloques con una superficie de alrededor de 25.000 km^2, se presentaron 14 ofertas de 7 empresas.

Solo el riesgo exploratorio y situaciones de mercado pueden explicar que antes no se haya impulsado el interés por las cuencas geológicas petroleras existentes en nuestro país por parte de empresas privadas. La cuenca “antepaís” en Magallanes esta considerada a nivel mundial como de “riesgo exploratorio”, la cuenca “terciaria” al oeste de la zona productora de petróleo en Magallanes, se considera también de “riesgo exploratorio” y solo productora de gas o para exploración y explotación en proyectos de “gases de carbones” o “CBM”. El Estado esta impulsando fuertemente la exploración de hidrocarburos, con varios CEOP lo largo de Chile; como en el valle de pica al norte de chile (MARCH) y la cuenca de Arauco en el sur (LAYNE ENERGY), es más, la licitación de los bloques compromete a las empresas en por lo menos 2 periodos de exploración con una fuerte inversión en sísmica 2D y 3D. Además cabe señalar que el ministerio de minería esta impulsando un proyecto a corto plazo (2008) de exploración en sísmica especulativa, la cual permitirá el incremento de la información geológica, principalmente en las áreas del off shore profundo de la cuenca oceanica frente a las costas de Chile central, lo cual será el insumo para la planificación de una segunda, tercera y cuarta ronda licitatoria de hidrocarburos en Chile.

El rechazo por el Senado -virtualmente inadvertido por la opinión pública- del proyecto de reforma constitucional para liberalizar los contratos especiales de exploración y explotación de los hidrocarburos nacionales por particulares es lo más lógico, dentro del marco de precios internacionales que tendrá el petróleo en los próximos años. Los hidrocarburos, más que nunca, se transforma en un recurso estratégico para el país. El éxito de la primera ronda licitatoria de bloques en la duodécima región, traerá nuevas visiones de exploración y explotación, y un desarrollo regional en Magallanes comparable con los grandes proyectos mineros del norte grande de Chile.

Señalar que este rechazo desalienta el desarrollo y aprovechamiento de estos recursos y que atenta contra la seguridad energética de Chile, es no saber del tema, tratar de asimilar los contratos de operación petrolera con las concesiones mineras, es no entender el mercado de hidrocarburos, y más aun, es no saber cómo este negocio se maneja mundialmente. Sin embargo a su vez postular que el incremento del rol de los privados en la materia, eliminando la reserva estatal o promoviendo aumentar la entrega a terceros de la explotación a través de contratos, implica necesariamente cierta desconfianza en la labor de la Empresa Nacional del Petróleo, también es no entender la lógica de las empresas modernas en el negocio de los hidrocarburos. ENAP es una empresa más dentro del mundo petrolero y que mejor para ella misma, trabajar asociado con empresas fuertes y arriesgadas en una cuenca geológica por años trabajada y más aun, dejar a empresas privadas asumir riesgos en bloques nuevos, en zonas poco exploradas y áreas donde nuevas ideas pueden traer nuevos recursos para el país.

Directorios de empresas públicas mineras

(Publicado en Areaminera N°3, octubre 2005)

El paradigma de la vaca lechera

El ministerio de hacienda en su preocupación por legislar consensuadamente comienza a rayar la cancha en materia de gobiernos corporativos de empresas públicas y privadas, presentando un proyecto de ley el pasado 10 de agosto que modifica algunos puntos de la ley existente.

Sus fundamentos se basan en que aun cuando Chile es un ejemplo regional en materia de regímenes de administración social y derechos societarios, las prácticas internacionales en estas materias están actualmente en una agitada evolución y modernización. Siendo Chile un país que se define como plenamente inserto en la comunidad económica internacional, la autoridad económica no desea permanecer ajena a este desarrollo y solicitó al Banco Mundial un Reporte sobre el grado de cumplimiento de los estándares internacionales respecto de las buenas prácticas de gobierno corporativo (ROSC), que analiza y mide el grado de cumplimiento de dichos estándares básicos. Los resultados de dicho reporte, de 2003, han hecho evidente la necesidad de perfeccionar nuestra legislación para poder adecuarla a los estándares internacionales en la materia.

En lo relativo a las empresas públicas chilenas, es importante constatar que estas operan en ambientes competitivos y son administradas con criterios de mercado. En los casos en que las empresas cumplen funciones cuasifiscales, estas son financiadas con transferencias desde el gobierno central a través del presupuesto público.

Por otra parte, la política declarada por el gobierno respecto de las empresas públicas es maximizar su valor económico, así, durante los últimos 5 años se han venido produciendo una serie de ajustes institucionales para apoyar este objetivo, incluyendo la creación de un consejo con atribuciones de holding (SEP), la introducción de algunas reformas relacionadas con el nombramiento y desempeño de directores y la emisión de instructivos y orientaciones sobre su gestión.

En contraste, los estándares internacionales y las experiencias de los países más avanzados han apuntado a que las empresas públicas operen bajo un marco institucional común, orientado a asegurar su efectividad y transparencia. A finales de abril de 2005 la OCDE publicó las “Guías de Gobiernos Corporativos para Empresas Públicas”, que se basan en la filosofía de aplicar a las empresas públicas las normas diseñadas para las empresas privadas, de forma análoga y hasta donde sea posible.

En la línea de fortalecer los estándares de gobiernos corporativos en las empresas públicas, el proyecto contempla la aplicación de las normas de las sociedades anónimas abiertas en materias de responsabilidad de directores y de fiscalización por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros a las empresas públicas, constituyendo una verdadera reingeniería al sistema actual que rige a las empresas estatales.

Y la gran modificación propuesta por el ministro de Hacienda es en el sistema del SEP (Consejo Superior de Empresas Públicas); donde, básicamente, este organismo remplaza a la junta de accionistas en las empresas públicas por un símil en las empresas privadas. Eyzaguirre plantea que los directores sean designados o emanen del SEP y que los ejecutivos de las empresas sean designados por el directorio designado por este último. Además dicha modificación determina un sistema de responsabilidades de los directores y ejecutivos mas claro, que llega, inclusive, al pecunio personal en caso de acciones o decisiones que lleven a la empresa estatal a una perdida de valor.

Sin embargo esto sigue; en las empresas públicas en que su patrimonio supere las UF 1.500.000 (US$ 50.000.000) deberá contar con 2 directores independientes para efectos de conformar el comité de directores, los cuales serán propuestos al SEP por un comité de selección que puede pedir ayuda a la Dirección Nacional de Servicio Civil para el proceso de selección.

EMPRESAS PÚBLICAS MINERAS

Codelco Chile, la empresa de cobre más grande del mundo merece y necesita un gobierno corporativo de clase mundial que responda por una parte a sus exigencias de competitividad internacional y por otra a las expectativas que la ciudadanía ha depositado en ella. El estado tiene legítimo derecho de participar en actividades productivas que defina como estratégicas para el desarrollo nacional pero debe ajustarse a las reglas de la competencia.. El actual status normativo e institucional de la empresa está determinado por un Decreto Ley del año 1976, dictado durante el gobierno militar. Ese decreto establece el sistema de relaciones entre Codelco y principalmente el Ministerio de Hacienda que regula la conformación del Directorio y sus atribuciones, junto con las del Presidente Ejecutivo de la empresa.

Frente a esto, ¿Será conveniente integrar a Codelco a una estructura como el SEP?... la respuesta debería ser no, pues por ser la empresa de cobre mas grande del mundo y la mas importante del país, lo que requiere son mayores niveles de libertad para desarrollar sus negocios y no capas sobre capas de burocracia. Codelco por si sola representa por tamaño e importancia mucho más que todas las empresas públicas que puede manejar el SEP, además, nadie sabe de la capacidad e idoneidad que tiene este organismo para entender los aspectos técnicos y de negocios de esta compleja corporación, sabemos que no se puede improvisar como experto minero de la noche a la mañana. Al parecer, el SEP es una estructura creada para representar o extender el control del poder de Hacienda sobre las empresas públicas, más que contar con una especie de holding controlador. La pregunta es para que otro control mas, cuando las empresas públicas en general ya están bastante controladas y reguladas, ¿donde está el valor que agrega esta estructura?.

Creemos que se debe diseñar una estructura de “gobierno corporativo” para Codelco que refleje la realidad actual en materia de gobierno empresarial, que sea funcional a las necesidades de desarrollo de la empresa, y que necesariamente también recoja su especificidad de empresa de propiedad pública, es un asunto que requiere la máxima prioridad para el desarrollo del país.

Juan Villarzú lo declaro abierta y sinceramente en un seminario reciente organizado por SONAMI.- “Dado que el país mayoritariamente se ha manifestado contrario a privatizar Codelco, y dado que no hay consenso político para implementar una medida de este tipo, creo que la alternativa más clara es que Codelco se transforme en sociedad anónima, que se le dé ese estatus jurídico, pero con la condición de que el 100% de sus acciones permanezcan en manos del Estado con la prohibición de enajenar esas acciones, salvo que una ley de quórum calificado expresamente lo autorice”; sin embargo fue fustigado duramente por todo el oficialismo por considerarlo "no adecuado para el país". Dado este escenario, nada podríamos decir sobre ENAMI y ENAP, empresas que aun no entran al debate.

La ambigüedad en que están las empresas mineras del estado ahora le impide competir libremente en el escenario internacional e incluso cumplir la misión de aumentar su valor en favor de todos los chilenos. La comunidad minera debería pedir una definición clara por parte del gobierno, contraloría y el congreso, de manera que todos los chilenos sepan que tipo de empresa tenemos y podamos resolver en consciencia que tipo de empresas queremos.

Finalmente solo queda agregar y sin afán de ser majadero, que este tema llegó para el debate público y para quedarse, pero es necesario advertir que temas tan importantes para la vida nacional no deben ser definidos al calor de una contienda electoral, sino meditados con altura de miras y en beneficio del país. Lo anterior, nos llama a reflexionar sobre el proyecto de Ley presentado por Hacienda sobre gobiernos corporativos de empresas públicas, que pretende resolver por la vía rápida el tema planteado, con una propuesta que a todas luces solo logra acrecentar el poder de Hacienda en el aparato Estatal, los otros beneficios del proyecto están al menos para el debate.

T.N. - J.V.

¿CODELCO ENDEUDADO o CODELCO S.A.?

Codelco es hoy la empresa con la mejor calificación de riesgo de Latinoamérica, posicionamiento que será difícil de mantener como consecuencia del incremento de la deuda proyectado en el plan de negocios y desarrollo 2005. Intentar financiar con deuda la expansión a 3 millones de toneladas puede traducirse en un deterioro significativo en la calificación de riesgo de la empresa. Así queda de manifiesto, a la luz del reciente anuncio de Standard&Poor, una de las principales agencias clasificadoras de riesgo del mundo, que modificó de estable a negativa su apreciación del riego de Codelco en el mediano plazo si ésta insistía en, simultáneamente, llevar adelante su “agresivo” plan de inversiones y transferir la totalidad de sus excedentes al Fisco. Es importante hacer notar que dicho anuncio tiene como referente el plan de inversiones contemplado en el plan de negocios y desarrollo 2005 y no la expansión a 3 millones de toneladas

Dado que el país mayoritariamente se ha manifestado contrario a privatizar Codelco, y dado que no hay consenso político para implementar una medida de este tipo, creo que una alternativa más clara es que Codelco se transforme en sociedad anónima, que se le dé ese estatus jurídico, pero con la condición de que el 100% de sus acciones permanezcan en manos del Estado con la prohibición de enajenar esas acciones, salvo que una ley de quórum calificado expresamente lo autorice.

Villarzú plantea transformar Codelco en S.A. con el 100% de acciones en manos del Estado, es interesante destacar que transformar Codelco en una sociedad anónima resultaría ventajoso para la empresa y el país, aún cuando se decidiera no incorporar capitales de terceros y todas las acciones se mantuvieren en manos del Estado. Al adquirir Codelco el status jurídico de sociedad anónima, y además operar como si fuese abierta aún cuando no lo sea, desaparecerían ciertas cargas y restricciones que hoy la afectan (ley reservada, impuesto adicional, régimen presupuestario y de endeudamiento, aprobación de inversiones, etc.) y se resolverían las ambigüedades y diferencias relativas a la forma en que debe relacionarse con el Estado y sus instituciones , ya que éstas sólo podrían actuar en cuanto accionistas y a través de sus representantes en el Directorio. El Directorio sería el responsable de la administración de la empresa, responsabilidad que hoy está mayoritariamente radicada en la Presidencia Ejecutiva. Sería una sociedad anónima abierta cuyas acciones serían íntegramente de propiedad del Estado y no se transarían.

La ambigüedad en que esta la cuprífera ahora le impide competir libremente en el escenario internacional; Villarzú pide una definición clara por parte del gobierno, contraloría y el congreso, de manera que todos los chilenos sepan que tipo de empresa tenemos.

Si queremos una empresa de clase mundial tenemos que dejarla operar como tal, y eso implica hacer un sacrificio por parte de sectores que sienten tener mas control sobre la empresa, por otro lado hay que establecer controles efectivos y bien estructurados por que hay que velar que la empresa se maneje de acuerdo a los intereses del país.

El cobre y Codelco le brindan a Chile la oportunidad de financiar el gran esfuerzo en educación e innovación y desarrollo tecnológico imprescindible para acelerar el transito hacia una comunidad socialmente mas integrada, moderna y capaz de ofrecer crecientes espacios de libertad a todos sus miembros. Codelco está preparada para cumplir con su parte de la tarea. Pero, para que se mantenga competitiva y pueda aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo global, es esencial fortalecer su condición de empresa y dotarla del capital y de la capacidad de endeudamiento necesaria para financiar, a un costo competitivo, las inversiones programadas. El crecimiento de Codelco no puede financiarse sólo vía endeudamiento. Es imprescindible aumentar su capital. Si se desecha la posibilidad de recurrir a capital privado, quien tiene que asumir esa responsabilidad es el Estado o sea, todos los chilenos.

T.N.

La Minería de Bachelet

MINERÍA

La minería es fundamental para Chile por su alto impacto económico y gravitación social. En los últimos 15 años la minería, en particular el cobre, ha generado 1.200 millones de dólares anuales para el Estado, cuadruplicando su producción y consolidándose como un sector moderno y dinámico compuesto por importantes empresas públicas y privadas líderes de la industria. Estos logros son una base sobre la cual es posible proyectar una nueva etapa. En ella la minería no sólo continuará creciendo y atrayendo inversión, sino que también contribuirá de una forma más directa al esfuerzo del “salto al desarrollo”.

AGENDA MINERA PARA EL DESARROLLO

Para fortalecer la proyección y competitividad internacional de Chile como país minero, concordaremos una Agenda Minera para el Desarrollo. Esta idea se inscribe en la experiencia de países que han logrado el desarrollo en base a recursos naturales (Australia, Nueva Zelanda y países escandinavos).

Fortaleceremos la innovación tecnológica en minería, enfocada hacia las reales prioridades de la industria. Desarrollaremos el cluster minero, aprovechando que el tamaño del sector minero chileno favorece el desarrollo de mayores encadenamientos productivos a través de mecanismos de mercado. Generaremos una mayor oferta con base nacional en los campos de los servicios tecnológicos e ingeniería especializada, así como en los sectores de la construcción y equipamientos específicos para la minería. Apoyaremos decididamente esta estrategia y la proyección internacional de las empresas proveedoras, que redundará en mayor empleo y diversificación productiva.

Aplicaremos medidas técnicas que incorporen las mejores prácticas ambientales disponibles y permitan un desenvolvimiento seguro y sustentable de la minería, en el marco de un esquema de cooperación entre el sector público y el privado.


Impulsaremos el desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería, de manera de incrementar significativamente su aporte al país y a las comunidades locales. Para ello facilitaremos el acceso a la propiedad minera, al ampliar y agilizar la licitación de propiedad minera de las empresas públicas.

Mantendremos a Codelco en un 100 por ciento en manos del Estado de Chile, asegurando así la activa participación de la empresa en el financiamiento social. Propondremos una reestructuración basada en el mejoramiento de su gestión y preocupándonos por las relaciones laborales, el medio ambiente y las comunidades locales.

Aseguraremos una gestión empresarial de excelencia para que el aporte de Codelco sea sostenible en el tiempo y en cualquier situación de mercado. Gestionaremos la empresa con la máxima responsabilidad en materia de costos.

Reformaremos la institucionalidad de la empresa, consistentemente con la Reforma de Gobiernos Corporativos, permitiendo una alta dirección profesionalizada y una adecuada expresión de su dueño en la dirección y control de su gestión, asegurando que las decisiones respondan a principios de sustentabilidad, racionalidad y oportunidad técnico-económica y a los intereses de su dueño, es decir, todos los chilenos.

(EXTRACTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET)

MINISTERIO DE MINERIA CHILENO

(Publicado en Areaminera N°2, Agosto 2005)

SIN PODER CONCEBIDO

El ministerio de minería se rige y estructura de acuerdo con una norma de principio de los cincuenta (DFL Nº 231 de 1953). En esa época la minería, las empresas, el gobierno y el país en general respondían a una realidad significativamente diferente a la que existe actualmente. La minería, las empresas, el gobierno y el país se han modernizado, pero el la estructura del Ministerio de Minería no. Si su misión declarada es “generar, fomentar, difundir y evaluar las políticas y normas que optimicen el desarrollo minero sustentable del país, maximizando su aporte al desarrollo económico social y consolidando su liderazgo internacional”, una estructura obsoleta genera serias dificultades para cumplir las metas señaladas.

Si bien la misión del Ministerio de Minería aparece como ambiciosa y clara, las atribuciones objetivas y funciones para lograrlo son bastante precarias.

La dotación de personal propio con la cual fue organizada esta repartición pública es sin dudas insuficiente para poder pretender formular políticas públicas en condiciones razonables. Esta realidad ha generado la necesidad de solicitar a las empresas y servicios dependientes la facilitación de personal especializado para apoyar los procesos internos y el funcionamiento general del Ministerio. En la actualidad, muchas de las funciones estratégicas de la repartición están a cargo de funcionarios dependientes administrativamente de otros servicios y empresas, situación anómala que genera a lo menos algún grado de dudas sobre su idoneidad.

En lo que a normas se refiere, la capacidad real del Ministerio de Minería para dictar normas es discutible. A lo mas una participación en algunos comités técnicos de otras reparticiones publicas y sin ninguna capacidad de fiscalización de alguna de ellas

Muchos, dentro del sector minero tienen la impresión de que el gran problema del Ministerio es que tiene a Codelco en el Estado, siendo esta una de las empresas más grandes del mundo; otros opinan que el Ministerio es un problema para Codelco, por que este es anticuado y no se ha ajustado a la realidad mundial Minera. Ninguna de las dos opiniones puede ser valida sin pensar a Codelco como empresa del Estado y el Ministerio como representante del Estado en la minería. Ahora bien, si como podemos conjugar a un Estado empresario minero y establecedor de normas que aporten al desarrollo económico y social de Chile, entonces, necesitamos al Estado manejando, como dueño, a Codelco desde el Ministerio. En estos días se habla de sacar a los ministros del directorio de Codelco. Sin embargo, la Presidencia del Directorio de Codelco es probablemente uno de los únicos espacios de poder del Ministro de Minería, aunque en la realidad no sea así.

Se cuenta que en la época de la dictadura militar hubo una disputa entre el ministro de minería de la época y el presidente de Codelco. El primero era un civil y el segundo un general. Formalmente ganó la disputa el ministro, pero algunas semanas después ya no era ministro, siendo que el general seguía a cargo de Codelco.

En relación con la misión del ministerio vinculada al desarrollo económico y social, debe hacerse un reconocimiento de la existencia de algunos programas como por ejemplo el de apoyo a la pequeña minería. Sin embargo, se trata de programas menores, de bajo impacto y que no tiene la capacidad de hacerse realmente cargo de los problemas que intentan resolver o aliviar. Para realmente aportar al desarrollo económico y social del país, debiera insertarse a la minería dentro de la agenda económica de las políticas públicas del país. El ministerio no se encuentra dentro del círculo del poder político gubernamental y ello dificulta la inserción señalada. La política económica, incluyendo el tema minero, se define en otros ministerios.

En materia de liderazgo internacional, es fácil observar cómo la minería constituye la primera exportación de Chile. Claramente, nuestra producción y exportación de cobre es nuestra más visible y tal vez mejor carta de presentación nacional en el mundo. Más aún, como la inmensa mayoría de la producción de cobre nacional se exporta, el tema internacional general, mercados, regulaciones, medio ambiente, etc., es de primera relevancia para Chile. Sin embargo, el ministerio no cuenta con una estructura, recursos humanos y financieros para hacerse cargo de esta importante misión.

Por otra parte, a veces, da la impresión que la minería no está en agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores, o al menos no en el grado y con la relevancia que sería de esperar habida cuenta su relevancia para el país. El Ministerio de Minería podría realizar una labor de sensibilización en materia internacional. En este contexto, seria deseable que en algunos países con los cuales Chile comparte agenda minera (Canadá, Australia, Sudáfrica, China, Japón entre otros) cuenten con agregados mineros chilenos. Por ultimo, coordinar y armonizar las agendas y actividades de todos los servicios del sector, debiera ser otra tarea del Ministerio en su ámbito internacional, tarea que hoy no realiza.

La agenda internacional minera es extensa y diversa. Los escenarios y situaciones son múltiples, dinámicos y cambiantes. Para hacer frente adecuadamente a tales escenarios se requiere la existencia de un ministerio con capacidad de conocer los temas, priorizar sus relevancias y realizar las acciones y tareas que sea menester, informando posteriormente a todos los actores interesados de los avances, cambios, acuerdos llevados a cabo. Esto requiere trabajo en equipo por funcionarios capacitados para ello, elaborando una agenda común. Hoy, el ministerio carece de esta capacidad de gestión.

Todas estas incoherencias hacen que regularmente aparezca al debate sobre necesidad del Ministerio de Minería. Tanto así que durante los primeros años del gobierno Lagos la responsabilidad de liderar esta cartera fue entregado a un triministro de Economía, Minería y Energía. Eso fue sin duda bajarle aun más el perfil a un Ministerio. Son muchos los actores del sector que recuerdan ese lapso como un periodo perdido, donde el Ministerio de Minería simplemente se adormeció.

Podría observarse la historia de sus autoridades en los últimos cinco o diez años. Cuántos de los ministros y subsecretarios de minería que al menos provinieran del sector minero. Por cierto, los hay, pero no son muchos, ni siquiera la mayoría. Y también buscar donde quedo su legado para el sector. No se puede sino celebrar la administración del Ministro Dulanto, reconocido en el sector y que sí dejará un legado real y fundamental para el desarrollo social y económico de Chile que ni siquiera hoy podemos dimensionar

Hoy el ministerio de minería ha vuelto a existir como tal, pero las preguntas que motivaron su breve desaparición se mantienen en pié e inquietan mucho más por los nuevos desafíos que vienen en minería. Se acabaron los tiempos del gigantismo de proyectos y las altísimas inversiones. Ahora el desafío a futuro estará en como generar desde la minería más riqueza y mejor calidad de vida para todos los chilenos. Un Gran paso fue el proyecto Royalty ya aprobado, pero aun existen muchos temas pendientes tales como el de propiedad minera y de cierre de faenas que serán de interés público como impacto ambiental y privado como inversiones y nuevas formas de mediana minería dentro de nuestro país.

El sector minero esta convencido que el país necesita un Ministerio de Minería fuerte, potente, con una estructura bien definida y con atribuciones claras y objetivas. Pero la realidad actual no es esa. En estos días se habla de reformas al ministerio y a los servicios del sector. Cabe preguntarse si sucederá algo más allá de los discursos, ya que, el problema es de fondo y parte por una reflexión de cómo insertar la actividad minera en el corazón de las políticas publicas del gobierno de Chile. Una vez hecho esto, habría que repensar y rediseñar las competencias y atribuciones necesarias para cumplir eficazmente esas nuevas labores. Pero así débil, anticuado y con funcionarios prestados por empresas del estado, mejor no. Sin poder concebido es la marca de fuego que quema al ministerio y no hacerse estas preguntas es como aquellos cortesanos que veían al rey desnudo, pero no decían nada y en cambio, alababan lo hermoso de sus vestidos. Y sin embargo, iba desnudo.

T.N. - R.f.C - I.M.

Cambio de ciclo, política y elites

Desde variados sectores se ha reiterado que el próximo gobierno debería prepararse y dar cuenta de un cambio de ciclo histórico demandado por el grado de desarrollo del país. Sin embargo, si semiran desapasionadamente las propuestas de todas las candidaturas a la presidencia e, incluso, si se indaga en la documentación programática de los expertos que trabajan para ellas, no se descubre una congruencia entre los diseños programáticos y el diagnóstico sobre el cambio de ciclo. Es más, cabría afirmar que lo que las candidaturas presentan como proposiciones de cambio apuntan, en realidad, a corregir, perfeccionar o proyectar las matrices esenciales que han regido el período histórico que se supone está en fase de agotamiento.

La lisa y llana verdad es que ni intelectual ni políticamente las candidaturas están con sus energías puestas en esa perspectiva. Y no porque no compartan el diagnóstico acerca de que Chile podría y debería dar un salto de envergadura histórica, sino porque les queda grande o les incomoda la traducción programática de ese diagnóstico.
Sería muy injusto acusarlas como responsables exclusivas de la contradicción señalada. Pueden sugerirse explicaciones posibles para esta incongruencia entre diagnósticos y propuestas.

Una de ellas se refiere a las dificultades que tiene la política para leer la idea de cambio de ciclo o de tiempos históricos. La política depende del "aquí y el ahora" y, por lo mismo, posterga lo que no le es urgente. La lógica de la inmediatez política es un óbice evidente para el ejercicio de la política-historia como lo es el tema del cambio de ciclo. El predominio de la inmediatez política y los frágiles vínculos entre teoría y práctica son determinantes en el tema de las dificultades de la política para comprender y acotar la noción de cambio de ciclo. Más aun si se considera que hoy, en las sociedades modernas o de desarrollo relativo de la odernidad, las transformaciones político-sociales no tienen por qué estar precedidas
de crisis abiertas y no revisten la radicalidad político-social de antaño.

Lo que está sucediendo en Chile es que los diagnósticos sobre el cambio de ciclo no están acompañados de la voluntad político-social para su impulso. No se ha gestado una masa crítica dirigente incentivada y decidida a avanzar hacia la apertura de un nuevo ciclo. Ello porque si bien el "viejo" ciclo ha perdido vitalidad, dinamismo y tiende hacia su declinación, no está enteramente agotado, lo cual "oculta" la urgencia del cambio o colabora con visiones de que el cambio puede ser pospuesto.

Hay en Chile un sistema de relaciones de poder que, en lo sustantivo, les acomoda a todas las elites políticas y extrapolíticas, tanto como les acomoda el orden económico y social. La organización político-social que se construyó en el curso de la transición resultó satisfactoria para las elites, porque, entre otras cosas, se
sustenta en una "distribución" factualmente "inteligente", funcional e instrumental de los aparatos y sistemas del poder entre esos diversos cuerpos elitarios.

Si el proyecto de cambio debe conciliar transformaciones sin alterar sustantivamente el sistema de distribución de poder, su materialización pasaría ineluctablemente por una masa crítica transversal que renegocie las relaciones y sistema de poder elitario
ante eventuales modificaciones que conlleven a alteraciones de las formas que reviste hoy el circuito de poder elitario.

Salta a la vista que la tarea de armar una masa crítica dirigente para el cambio no sólo es difícil, compleja y ardua, sino también riesgosa para quien o quienes quieran emprenderla. Es riesgosa porque quienes estuvieran dispuestos a asumir su creación y liderazgo se verían temporal y circunstancialmente conflictuados con sus
respectivas elites y, por ende, susceptibles a castigos.

Probablemente, esta última sea una de las principales causas que explica el abismo entre los diagnósticos sobre un cambio de etapa y la falta de propuestas y de dirigencia que den cuenta política y programáticamente de esos diagnósticos. Quiérase o no, el asunto del cambio de ciclo es cada vez más un tema de los universos intelectuales y cada vez menos un asunto de la política.

Antonio Cortés Terzi
Fecha edición: 03-09-2005

¿Cuánto Pagarías?

¿Cuánto daríamos por iniciar una nueva vida?, por empezar nuevamente sin problemas, sin preocupaciones, sabiendo que podemos evitar todos los errores que hasta el momento hemos cometido. ¿Cuánto daríamos por cambiar de ambiente, cambiar nuestro entorno social, cambiar nuestro lugar de residencia, nuestro trabajo, nuestra vida completa?

Los problemas cotidianos, la rutina y el aburrimiento nos agobian. Parece ser que cuando vamos saliendo de un problema, repentinamente llegan varios más. Incluso, parece que el mundo está en nuestra contra, que cualquier cosa que pudiera salir mal, saldrá, en efecto, mal.

¿Qué nos molesta? Quizá no nos sentimos satisfechos. Muy probablemente sabemos que podemos ser mejores y estar en un mejor lugar, ya sea en la escuela, en el trabajo, en nuestro deporte, o donde sea. Sin embargo nos sentimos limitados. Algo o alguien impide nuestro desarrollo, y la barrera nos molesta, nos enfurece y termina por deprimirnos.

Pero el problema está en la actitud que hacia ello tomemos. Si en verdad sabemos que somos mejores, ¿por qué dejamos que una simple persona, o un sencillo problema tome control de nosotros y nos destruya? Bien, no es un simple problema. Posiblemente sean varios y no tan pequeños. Puede ser el caso de que no es sólamente una persona, y además no cualquier persona la que nos frena. Pero aún así, si hemos llegado tan lejos, si hemos podido salir adelante y estar en donde estamos superando muchos retos en nuestra vida, solucionando problema tras problema, entonces ¡también podemos con lo que tenemos en frente! Afrontémoslo, por el simple hecho de haber nacido, somos unos triunfadores. Hay que seguir todo nuestra vida con eso en mente.

Y siguiendo esta forma de pensar, cambiando nuestra actitud, tendremos esa vida nueva. Lo más seguro es que aún habrán problemas y barreras, pero estaremos en mejor disposición para superarlos y dejarlos atrás. Ante un reto habremos de esforzarnos más, ante un obstáculo, veremos la forma de sobrepasarlo prontamente. Ante una desilusión, habrá que ver hacia el futuro con optimismo. Ante una encrucijada, analizar el mejor camino a seguir.

Hay que superarse día con día, hay que mejorar a cada momento, y podemos empezar con nuestra actitud. Así empezaremos el primer día de nuestra nueva vida.

Y a los que necesiten unos días para descansar y alejarse de la rutina, o aquellos que toman muy en serio eso de empezar una nueva vida, les sugiero visiten:

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http://travel.yahoo.com/

T.N.